CAUSA Nº 23493 CCALP “PERRI MAURO GERMAN C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Junio del 2021 reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “PERRI MAURO GERMAN C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
A N T E C E D E N T E S
I. Se radican los autos en esta cámara para considerar la impugnación deducida por Mauro Germán Perri, contra la resolución N°23-18 del Consejo
Superior del Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 26.09.2.018, dictada en el expediente 09-18, que confirmara la sanción de un (1) año de suspensión en el ejercicio de la profesión, aplicada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata, por resolución del 15.05.18, con arreglo a lo previsto por los artículo 19 inciso “c” de la Ley n° 10.973 (t. o. 14.085).
Cabe recordar que esa decisión encontró fundamento en la trasgresión a lo dispuesto por el artículo 13 del Código de Ética Profesional, al valorarse la conducta del colegiado incursa en las figuras de los artículos 17 incisos c) y 53 incisos k), l) e i) de la citada Ley.
Ese colofón, arribado merced a la ponderación de los hechos endilgados a lo largo del procedimiento de reproche disciplinario, tuvo su fuente en la
participación del actor en el sistema de ventas de la firma “Re/Max”, al actuar bajo esa denominación y facilitar su habilitación profesional a terceros, con el fin de ejercer la incumbencia profesional relativa (conf. art 53 inc. k y l de la Ley 10.973 t.o. 14.085)
El concepto de deberes y obligaciones incumplidas por el demandante conduce la lógica sancionatoria del Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional (fs. 119/124 expte. adm. PMRE-2361/16- Res. 15.05.18).
Del compendio de los antecedentes del caso resulta. Con fecha 04.11.19, la parte actora, acompaña, en formato digital, la adecuación de la demanda, conforme lo dispuesto por este tribunal a fojas 29 y 31.
Se inicia con el detalle de las actuaciones producidas durante el trámite disciplinario seguido, con pormenor que por razones de brevedad tengo por
reproducido íntegramente (punto II, del escrito de demanda).
Cursa, en lo sustancial, por un derrotero crítico dirigido al trámite seguido ante el órgano de disciplina y el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y hacia los argumentos de sostén de la decisión impugnada (puntos III, IV, y V).
El actor reclama la revocación de la resolución que cuestiona.
Bajo esa plataforma, niega la comisión de la conducta que fuera materia de censura en esa sede. En ese piso de marcha, pone de resalto la existencia de una actitud persecutoria respecto de aquellos martilleros que utilicen la marca Re/Max.
Alega que ésta no es una oficina inmobiliaria, ni ejerce actividad de intermediación, sino que otorga franquicias que permiten a los corredores el acceso a los servicios de capacitación, organización y contactos.
Entiende demostrado que Re/Max Argentina SRL no explota ninguna actividad inmobiliaria, por sí o por terceros.
Niega todo vínculo con aquélla y relata que sus agentes participan, por razones de orden, en la labor de mostrar bienes o responder preguntas básicas a los eventuales interesados.
No obstante, resalta que ninguno habría realizado tareas de corretaje.
Concluye que el único profesional –martillero- responsable y titular de la oficina, resulta ser Mauro Germán Perri y que la mención a “RE/MAX Enfoque”, no modificaría esa situación, pues esta última no ejercería funciones de corretaje.
Insiste en que siempre habría actuado bajo su nombre y nunca con otra denominación.
Es extenso el desarrollo que tributa a ese núcleo argumental.
Rechaza como base de imputación la presencia de su nombre en la publicidad de aquella empresa, ya que advierte que en todas las constancias acompañadas figura claramente su nombre, apellido y número de matrícula.
Equipara a dicha mención la efectuada por otros profesionales cuando citan diferentes sistemas inmobiliarios.
Así también, manifiesta que se habría limitado a contratar con Re/Max un servicio de asesoría y el acceso a los servicios de capacitación, organización y contactos.
En relación con las faltas vinculadas a las normas del Código de Ética Profesional (art 13 primero y segundo párrafo; “Permitir el uso de su nombre o crédito Profesional a quienes no estén habilitados para hacerlo y asociarse con terceros con el propósito ostensible o implícito de aprovechar su influencia para conseguir asuntos o ventas”), niega su comisión desde el mismo conjunto argumental desplegado.
Sigue la misma línea relativa a la ausencia de ejercicio por terceros de su incumbencia.
Niega haberse asociado con persona alguna y menos aún con RE/MAX.
Cuestiona la imputación genérica de contravención.
Así desarrolla el agravio concerniente a la falta de motivación que le atribuye al acto de sanción.
Además, de manera subsidiaria plantea la falta de proporción de la sanción.
Por último, articula también y de manera accesoria al planteo principal, objeción de constitucionalidad del artículo 53 inciso l de la ley 10.973 por
entender que, como corredor público, se le estaría prohibiendo ejercer la profesión utilizando nombres de fantasía, pese a que consigne en todas sus
publicaciones y propagandas su nombre completo y datos de matriculación.
Destaca que la norma mencionada se muestra en contraposición a los derechos constitucionales a trabajar, a la propiedad y a ejercer la industria lícita, para los que brinda extenso desarrollo al que reenvío y habré de considerar, oportunamente.De ese modo queda abierta la polémica.
Corrido el traslado de la impugnación (fs. 57), el colegio demandado, a través de apoderado, se presenta, contesta demanda y solicita su rechazo
(presentación electrónica de fecha 06.12.19).
Expone que la resolución cuestionada resultaría ajusta a derecho, habiéndose respetado las garantías de defensa y debido proceso.
Efectúa una negativa general de los hechos, como los exhibe el escrito de promoción, y en particular se expide respecto de la naturaleza de la actividad desarrollada por RE/MAX.
Señala que ésta realiza actos de corretaje inmobiliario en contravención a las leyes que regulan la actividad, reservada legalmente a aquellos profesionales con título universitario de Martillero o Corredor Público, debidamente inscriptos en la jurisdicción correspondiente.
Así, aduce que, en el presente caso, el actor habría facilitado el desarrollo de la actividad a personas sin habilitación y promocionado una firma que vulnera las normas que rigen la actividad.
Dedica argumentos de réplica para los planteos constitucionales de la demanda.
Funda en derecho su defensa, cita jurisprudencia y peticiona el rechazo de
la pretensión con costas. Tal el cuadro de situación que ofrece el contradictorio.
II. De los elementos conducentes colectados en la causa (Letra PMRE
caratulado: “PERRI MAURO GERMÁN Y/O REMAX ENFOQUE S/ FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL –N° 2.316/2.016 y
EXPEDIENTE 0009/18 “PERRI MAURO GERMAN S/ APELACION, agregados sin acumular) resultan los siguientes antecedentes relevantes.
La acción disciplinaria se inicia como consecuencia de la resolución del consejo directivo del colegio de martilleros y corredores públicos del
departamento judicial de la plata, teniendo en cuenta lo informado por la Comisión de Fiscalización del Ejercicio Profesional del Colegio (fs. 28/32, la documentación obrante a fojas 1/27 y 43/45), y lo dispuesto por la Comisión de Legislación y Reglamento del Colegio a fojas 49/53.
De esas constancias se deriva que el local sito en 49 n° 893 de esta ciudad,
perteneciente al colegiado -Perri- se encontraría vinculado con la denominación “Re/Max Enfoque” y que se habrían habilitado en calidad de “agentes inmobiliarios” a personas que no registrarían antecedentes de matriculación (fs.33).
Ello, motivo la formación de la causa disciplinaria por el Consejo Directivo del Colegio Departamental en función de esas circunstancias (fs. 34).
De todo ello se da traslado al actor (fs. 35).
A fojas 36/42 obra la presentación del peticionante brindando explicaciones por las que sostiene la falta de fundamento, negando infracción a norma jurídica alguna y en relación con ello solicita se desestime la causa disciplinaria iniciada.
Brinda detalles sobre la operatoria de Re Max.
A fojas 54/55, el Consejo Directivo resuelve formar y elevar la causa al tribunal de Disciplina, lo que le fuera notificado al colegiado a fojas 56/57.Luego, se presenta el matriculado con patrocinio letrado y ejerce su defensa y ofrece pruebas fs. 61/78.
Posteriormente se agregaron sus antecedentes de lo que se le diera traslado (fs. 84/109 y 110) A fojas 119/124, Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores con asiento en La Plata, dicta la resolución de fecha 15.05.18 y dispone la sanción disciplinaria que arriba a esta alzada, con fundamento en las normas de aplicación (arts. 10, 17 inc. c), i) y f), 52 ap. “a” inc. 24), 53 inc. a), j), k) y l) de la Ley provincial n° 10.973 -t.o. ley n° 14.085- y el punto 13 párr. 1° y 2°, 15, 17 del Código de Ética profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Para sostener esa conclusión, en lo sustancial, supo informarse en la siguiente línea argumental.
Valora acreditado que el demandante ejercería su profesión utilizando el nombre “Re/Max Enfoque”, constituyendo domicilio legal en calle 49 n° 893 de la ciudad de La Plata, sede de la oficina inmobiliaria.
Consigna en esa dirección los avisos clasificados de ofrecimiento de propiedades publicados, que dejara ver la consigna del martillero (Perri), su
número de matrícula y el nombre de la firma “REMAX Enfoque”. (fs. 3/8).
Ello conforme surge de la impresión de la página web de publicidad incorporadas a fojas 3/8 de las que resultaría información en ese sentido y que en particular menciona “RE/MAX Enfoque” y la indicación de domicilio común en calle 49 n° 893. Asimismo, la nómina de agentes que surge de la página web mencionada, a la que remito en homenaje a la brevedad (ver fs. 11/24), resulta igualmente un contenido destacable, toda vez que, debajo de su identificación y fotografía, se hace expresa mención a la firma “REMAX Enfoque” y el nombre del profesional responsable, a saber, el colegiado Mauro Germán Perri.
La comercialización de franquicias y la promoción de operacionesinmobiliarias, a través de la matrícula del actor es la plataforma central en la que hace eje la decisión impugnada, después de valorada la prueba materia de mención.
En ese mismo sentido se muestra el Acta de Constatación n° 120 del día 24.06.16, realizada en el local sito en la calle 49 n° 893 de la ciudad de La Plata, oportunidad en la que se observó carteles con la identificación de “REMAX”, volantes y folletos fs. 44/45
Bajo ese marco, encuadra la conducta reprochada.
Agrega, además, que el matriculado habría actuado profesionalmente bajo la denominación Re/Max, sin observar el artículo 53 inciso “l” de la ley 10.973.
Enfatiza que los hechos materia de censura serían consecuencia de la probada vinculación entre el colegiado y la firma “REMAX Enfoque”.
La que alcanza a las tareas que realizan las personas identificadas por la inmobiliaria como agentes, quienes con su desempeño exceden el marco de una mera promoción.
Así, encuadra la falta en el en el plexo normativo antes mencionado.
El accionante deduce recurso de apelación ante el Consejo Superior (fs.126/136), quien previo dictamen jurídico de la Comisión de Legislación,
Interpretación y Reglamento (fs.25/32, expete. Adm. n° 09-18), resuelve confirmar la sanción de suspensión (Resolución N° 23/18 del Consejo Superior, fs. 33/41, exp. adm. n° 09/18).
Pues bien, con arreglo a la consigna antecedente, corresponde resolver.
A ese efecto, el tribunal decide plantear la siguiente:
C U E S T I Ó N
¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
I. En la labor propuesta, comenzaré señalando que los contornos del caso controvertido exponen un perfil análogo a otros antecedentes de este tribunal, en los cuales se adoptara un criterio de exégesis al que habré de remitir para darle solución (conf. causas CCALP n° 19.329, CCALP n° 18.547 y CCALP n° 22.645).
En sujeción a ese reenvío, anticipo que la demanda anulatoria no prospera.
Inicialmente y también en éste, cabe precisar que el aspecto central de la litis –a fin de resolver acerca de la legitimidad de la sanción aplicada- radica en determinar si el peticionante puede invocar, como lo hiciera, el uso de la marca Re/Max en el ejercicio de su actividad profesional, bajo la modalidad que ofrece el caso que suscita la jurisdicción.
Comprende pues la conducta vinculada con la facilitación de su nombre a personas no habilitadas, a efectos que procedan a la apertura de oficinas de intermediación y desplieguen la incumbencia profesional.
Desde ese escenario, debo decir que los argumentos de demanda no logran desvirtuar el criterio de apreciación de la prueba colectada en el
procedimiento disciplinario.
En efecto, reconocida por la demandante su vinculación con la firma Re/Max, tal como surge de las constancias colectadas (fs. 3/8, 11/24, 44/45,
86/90, 91/92, 101/102 del expediente administrativo) y acreditado el domicilio común, como el listado de agentes colaboradores en la labor de intermediación, poco resta para considerar quebrado el deber de ejercicio profesional que la autoridad disciplinaria le censurara.
Ello así, pues supone la inobservancia de la prohibición de facilitar su nombre o matrícula a personas no habilitadas para el ejercicio profesional y
actuar bajo otra denominación que no corresponda con su identidad, conforme lo previsto por las disposiciones aplicables (incisos “i”, “k” y “l” del art. 53 de la
Ley 10.973 texto conforme Ley 14.085).
Los argumentos del colegiado en cuanto a la asesoría técnica contratada
con ReMax, en relación a que la única prestación que recibe de dicha empresa serían los cursos de capacitación, organización y contactos que le otorga la franquicia, corre en sentido contrario a cuanto deja ver la publicidad de la página
web y demás agregada (fs. 3/8, 11/24, 44/45, 86/90, 91/92, 101/102 del exp.citado).
El demandante ejercía la actividad bajo una modalidad no autorizada y con un despliegue derivado a terceros impropio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables legales de posibilidad.
Ello así supone la inobservancia de la prohibición de ejercicio bajo otro nombre, conforme lo previsto por el inciso “l” del artículo 53, norma esta con vigor operativo para el supuesto de autos, después de arribada la conclusión que habré desarrollar en el apartado III del presente.
La infracción comprobada pues cabe reputarse como causal de sanción disciplinaria.
El actor no podría alegar encontrarse autorizado para elegir una operatoria de traslado de ejercicio a terceros bajo la mecánica y denominación de Re/Max, por lo que su situación quedó alcanzada por la ley y, en consecuencia, desde ese mirador, la conducta desplegada por el organismo de
gobierno de la matrícula y policía profesional, no merece reparos.
Tal la primera conclusión que habré de abonar con las consideraciones que siguen.
Corresponde puntualizar el marco normativo.
Por el artículo 53 de la ley 10.973 se establecen prohibiciones ampliadas por la ley 14.085 con la incorporación del inciso “l”, según el cual los martilleros y corredores tienen vedado “Actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de los Colegiados, salvo en los casos de Sociedades legalmente constituidas en un todo de acuerdo a lo normado en la Ley Nacional
20.266 y sus modificatorias, donde se consignará en toda publicación el nombre, apellido y datos profesionales de al menos un Colegiado en actividad que la integra”.
Por otra parte, el no acatamiento de tales previsiones hará pasible al colegiado que se hiciera cargo de la oficina en cuestión que tal conducta pueda
verse incursa en la causal de sanción prevista en los artículos 17 incisos ll) y m) y 19 inc. c) de la ley 10.973.
Ese marco reglamentario resulta aplicable al caso, como lo decidiera el colegio profesional.
La conducta acreditada del actor que ventila el proceso deja al descubierto el incumplimiento del sistema normativo.
Despejado ese punto de la impugnación, que deja ver una prédica que es insuficiente para conformar una plataforma fáctica que encuadrase entre las excepciones al principio que impone el ejercicio bajo el nombre del martillero o corredor, derivo en la insuficiencia de los agravios que deduce.
El colegiado ejercía la actividad bajo una modalidad no autorizada y un ejercicio derivado a terceros impropio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables legales de posibilidad.
El giro profesional, así descripto, supo mostrarse pues en conflicto con el régimen normativo que impide utilizar otra denominación que la personal del profesional interviniente, con las salvedades previstas que no se compadecen
con la situación del actor y también un desempeño personal en la labor de intermediación que es inherente al corredor público.
Por otra parte, la sanción se encuentra dirigida hacia la prohibición de transferir el crédito profesional para facilitar el ejercicio de la profesión por
quienes no están legalmente habilitados para hacerlo (cfr. art. 13 del Código de Ética Profesional).
Si bien en el acto de sanción se hicieron consideraciones sobre la proyección de la falta, efectivamente vinculadas a impedir el desarrollo ilegal de
la actividad por quienes no ostentan las condiciones para ello, tal discurso argumental en nada desmejora el primer propósito de la preceptiva legal, también invocado por la entidad, consistente en la individualización y publicidad del profesional responsable.
Tanto más, valorando los antecedentes que sobre ello denotan un principio general, a partir de previsiones reglamentarias subsumibles en la ley de ejercicio profesional.
De este modo, cabe tener presente que la sanción aplicada al accionante no se fundamentó en haber incurrido en ilegal ejercicio de la profesión sino
debido a que no observó la prohibición de utilizar otro nombre que el individual para desplegar la actividad y a la vez una mecánica de desempeño reñida con los deberes inherentes al ejercicio profesional.
Ello así, en la medida que las excepciones invocadas al respecto no pudieron ser acreditadas y, en consecuencia, su situación de hecho subsume en
el art. 53 inc. “l” de la ley 10.973 texto según ley 14.085, con las consecuencias disciplinarias previstas por los artículos 19 inc. c) y concordantes del mismo cuerpo legal.
Asimismo, la individualización y publicidad del profesional responsable y su actuación personal y directa en la tarea de acercamiento de las partes en miras  a la consumación de un negocio inmobiliario, que es eje esencial de la
incumbencia profesional, no sólo impide su encomienda a terceros, aún en nombre del colegiado, sino también todo desempeño bajo un escenario
compartido como el que revelan las pruebas colectadas, que dan cuenta de una publicidad común con una firma comercial y la consigna de agentes (terceros) para la consecución del cometido inherente al corretaje.
Cabe tener presente que el sistema de incumbencias, que prohíbe transferir el crédito profesional para facilitar el ejercicio de la profesión por terceros no habilitados y asociarse con ellos a fin de obtener su influencia para conseguir asuntos o ventas (cfr. art. 13 del Código de Ética Profesional), deja al descubierto un comportamiento imputable que no logra rebatir la pretensión promovida.
Encuentro ajustadas a derecho las resoluciones traídas a proceso.
Así me expido.
II. En lo que sigue, consideraré los planteos subsidiarios que predica el actor.
Comenzaré por el análisis de la desproporción de la sanción aplicada (ap. VIII).
Si bien califica de excesiva la sanción, no brinda elementos demostrativos de esa demasía ni cuestiona la plataforma fáctica en la que se sostuviera.
Este aspecto de reclamo tampoco prospera.
Ello así toda vez que la impuesta por el Colegio Profesional se encuentra receptada por el artículo 19 inciso “c” de la ley 10.973 (t.o.14.085), que dispone en su parte pertinente la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta dos (2) años.
Luego, el término de suspensión promedia esa escala.
Así, el relato del actor, no se muestra suficiente, pues advierto que no aparece considerado con eficiencia por el demandante la falta de
proporcionalidad que invoca y por lo tanto impide el ingreso revisor que procura en este preciso aspecto.
Tal mi conclusión.III. Por último, el planteo subsidiario por el reclamo de inconstitucionalidad respecto del artículo 53 inciso l de la ley 10.973, no será de recibo A ese respecto, diré que el conjunto de consignas concernientes a los derechos que el demandante aprecia lesionados en relación con las garantías que enuncia (derecho a trabajar y ejercer toda industria licita, el principio de razonabilidad y el derecho a la propiedad), exhiben ausente un desarrollo argumental relativo que de consistencia al agravio.
Los óbices de constitucionalidad invocados (arts. 14, 17, 18, 28 y 33) contienen una nómina de normas y pactos internacionales que no edifican una
crítica concreta acerca de la forma en que el artículo 53 inciso l de la ley 10.973 (t.o.14.085) afectaría sus derechos.
El demandante hace eje en el principio de razonabilidad, a cuyo respecto tributa el desarrollo relativo tanto a la garantía de libre comercio e industria lícita (art. 14 CN) como a la de propiedad, pero sin connotar explicación suficiente del impacto negativo que el ejercicio del poder de policía de la profesión de corredor consumaría con el artículo 53 inciso l) de la ley 10.973.
La relación circunstanciada necesaria, que de cuenta de la desproporción de la disposición legal y la explique desde un exceso que quiebre el principio de relatividad en el ejercicio de los derechos individuales, se muestra ausente en el
progreso de la demanda articulada (art. 28CN).
Ello mismo cabe señalar respecto de la garantía de propiedad (art. 17CN), pues como en la anterior, no se observa un resultado legislativo que la conculque al punto de anular su despliegue, como lo propone, sin consistencia, el actor.
Esa singularidad, que impregna toda la predica de promoción, desautoriza el tratamiento singular que se intenta para dar semblante al planteo de cortapisas constitucionales, como viene articulado.
La respuesta normativa que agravia al demandante no ofrece demostración de incongruencia constitucional ni obsta al correcto ejercicio de la profesión de martillero y corredor público (artículo 53 inciso l ley 10.793 t.o. 14.085).
La prédica de demanda, en tal dirección, no informa más que un descontento general que no cobra entidad de agravio para justificar la descalificación por irrazonable relativa al resultado del ejercicio del poder de policía de la matrícula (art. 28 C.N.)
Ningún componente relativo brinda el escrito de promoción que autorice un análisis tal para el acto singular de aplicación que ventila el proceso, en atención a los fundamentos por los que resulta aplicable la norma que ventila el caso.
De ese modo, no veo en la conducta administrativa desplegada en sede del Colegio Profesional, vicios de legalidad acreditados que conduzcan al resultado que propone la pretensión.
Esta debe desestimarse.
Por todo ello, dejaré expuesta, en lo que sigue, mi propuesta decisoria.
En mérito de las circunstancias expuestas, cabe concluir que la demanda no puede prosperar pues los fundamentos de la impugnación no son de recibo, en tanto no logran demostrar el ejercicio ilegítimo o irrazonable de la potestad disciplinaria.
Tal mi conclusión.
Propongo: Rechazar la demanda articulada por el actor, con costas a su cargo por revestir calidad de vencido en el proceso (conf. arts. 51, 74 y ccs. ley 12.008, t. seg. ley 13101 y doctrina de la SCBA causa A. 68.436).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo: Con la salvedad de que no cabe predicar al presente juicio el carácter
revisor que consigna el primer voto -reserva conceptual que no implica en autos diferencia en torno a la apreciación de los hechos, aplicación del derecho, demás fundamentos y propuesta decisoria-, y conforme los precedentes de este Tribunal de Alzada citados por el magistrado que abre la votación, presto mi conformidad con el voto del Dr. De Santis.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Dejando a salvo que no coincido con el carácter revisor que al juicio se asigna (conf. arts. 15, 166 y concordantes de la Constitución Provincial y doctrina SCBA causa B. 64.553, “Gaineddu”, res. del 23-IV-03), de conformidad con los precedentes de este Tribunal de similar configuración al presente que cita el magistrado que abre el acuerdo, comparto la solución propuesta en esa intervención y expreso mi voto en idéntico sentido decisorio.
Mi acuerdo incluye también la imposición de costas a la actora en su condición de vencida (art. 51 del C.C.A. -texto según ley 14.437)
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se rechaza la demanda articulada por el actor, con costas a su cargo por revestir calidad de vencido en el proceso (conf. arts. 51, 74 y ccs., ley 12.008 -t. seg. ley 13101-).
Regístrese y notifíquese por Secretaría 


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Colegio que avanza.